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Las
minas son armas que atacan tanto a civiles
como a combatientes, que siguen matando
mucho tiempo después de terminadas las
hostilidades. Esta masacre sin sentido
es una afrenta a los valores humanitarios,
la batalla de la comunidad mundial en
su conjunto es la única forma de pararla.
A lo largo de los años 90, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales
trabajaron sin descanso para obtener la
prohibición total de las minas antipersonales,
mejorar la asistencia a las víctimas y
poner en práctica programas de sensibilización
sobre los peligros de las minas. Este
esfuerzo llevó en 1997 a la adopción de
la Convención sobre la prohibición
del empleo, almacenamiento, producción
y transferencia de minas antipersonal
y sobre su destrucción (conocida también
como el Tratado de Ottawa) que entró en
vigencia el 1 de marzo de 1999.
Este fue el primer tratado de derecho
internacional humanitario por el que se
prohibió un arma de uso generalizado,
y entró en vigencia más rápidamente que
cualquier otro acuerdo multilateral anterior
relacionado con las armas. Desde entonces,
se han conseguido muchas cosas. Al 27
de septiembre de 2001, dos tercios de
los Gobiernos de todo el mundo han prohibido
el empleo, la producción, el desarrollo,
el almacenamiento y la transferencia de
las minas antipersonales.
Además, se han destruido millones de minas
que estaban almacenadas. Los Gobiernos
han asignado más recursos para el desminado,
la sensibilización al peligro de las minas
y la asistencia a las víctimas. Como consecuencia
de ello, en algunos países afectados por
este problema, ha disminuido el número
de víctimas civiles de las minas, evitando
así que muchas personas perdieran la vida
o algún miembro.
International Committee Ban Landmines
(Comité Internacional para Erradicar
Minas terrestres), es una organización
de veteranos de Vietnam en Estados Unidos
que han emprendido una campaña de sensibilización
y presión política para conseguir la erradicación
mundial de las minas. Paralelamente iniciaron
los contactos en países occidentales para
poner en marcha campañas similares y crear
un gran movimiento internacional que funcione
como una federación.
Por otra parte, el 29 de julio de 1995,
el Parlamento Europeo aprobó una
resolución solicitando a los países miembros
que prohíban la fabricación, el uso y
la exportación de minas antipersonales.
En febrero de 1997 el Congreso de los
Diputados aprobó por unanimidad ordenar
al Gobierno europeo que presente un proyecto
de ley que prohíba la fabricación, almacenamiento,
comercialización, exportación y transferencia
de todo tipo de minas antipersonales,
bombas de racimo y armas de efecto similar.
Entre el 24 y el 27 de junio de 1997 se
celebró la Conferencia de Bruselas,
en ella más de 160 países se reunieron
para preparar el Tratado de Ottawa. Rusia
y China no acudieron y Estados Unidos
se presentó como observador.
Luego de los trabajos preparatorios de
Bruselas, la Conferencia de Oslo
(1 a 17 de septiembre de 1997) aprobó
el texto del futuro Tratado de Ottawa,
que abogaba por la prohibición total de
las minas, sin restricciones. Entre las
principales ausencias figuraban Rusia,
China e India. Estados Unidos se retiró
de la conferencia sin aprobar el texto.
El día 10 de octubre de 1997, se concedió
el premio Nobel de la Paz al International
Committee Ban Landmines, a la que ya se
habían adherido más de mil ONG en todo
el mundo.
La Convención sobre Armas Inhumanas,
que entró en vigencia en 1983, estableció
mecanismos para limitar el impacto de
las minas. Revisada en 1995 y 1996, la
Convención ha tenido escasos resultados,
por la poca ambición de sus planteamientos
y por el alcance reducido de la misma,
ya que tan sólo unos 50 países la han
ratificado. A pesar de las resoluciones
oficiales como el Parlamento Europeo y
las Naciones Unidas y las peticiones de
muchísimas ONG de todo el mundo, son pocos
los países que han optado por dejar de
producir minas antipersonales como Bélgica,
Canadá, Filipinas, Francia y Suiza.
Todavía queda mucho por hacer aún hay
que retirar millones de minas sembradas
y muchas víctimas esperan recibir el tratamiento
y la rehabilitación adecuados. Para garantizar
que estas armas no se usen más en el futuro,
todos los Estados deberían ratificar y
hacer cumplir el Tratado de Ottawa.
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